Defendamos del derecho a la vivienda

El pasado 15 de febrero la entidad bancaria Bankinter publicaba su informe semestral del mercado inmobiliario en España [1]en el que se explicaba que “el mercado residencial continúa el ciclo favorable”. A continuación, se explica que “la subida de rentas en Barcelona supera el 20% en distritos como Santo Andreu y Sants-Montjuïc y llega hasta el 15% en barrios como Gràcia”.

En Barcelona, y de acuerdo con datos de la Secretaria de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, la media anual del alquiler mediano contractual casi se ha duplicado entre los años 2000 y 2016, y ha pasado de los 408,27€/mes a los 801,28€/mes. En el barrio del Poble-sec, la media del alquiler actual es de 669,53€/mes, lo cual supone un incremento del 15% en los últimos tres años y un precio medio de 16,34 €/m2.

Parece que este es el “ciclo favorable”, según la banca.

Esto no es lo que vivimos nosotros. Esta situación genera una enorme presión sobre la población del barrio, que vemos nuestro derecho a la vivienda amenazado por los mismos intereses que han hecho, por ejemplo, que la población de Ciutat Vella se haya reducido en un 15% en los últimos diez años. Estamos viendo casos en que los contratos de alquiler que finalizan no se prorrogan para poder incrementar el precio. Fincas enteras vendidas a grupos inmobiliarios en las que los alquileres de viviendas regulares se sustituyen por alojamientos temporales y turísticos, a pesar de la moratoria en las licencias. Incrementos de las rentas de alquiler muy superiores a la variación del IPC, además teniendo en cuenta el marco de precariedad laboral y de los salarios que sufrimos. Bombardeo de propuestas de compra que ofrecen grandes márgenes de beneficio a los propietarios para poner sus pisos en el mercado inmobiliario turístico. Sustitución del comercio de proximidad por establecimientos orientados al consumidor puntual y de ocio.

Además, tal como queda denunciado en el último informe “Exclusión residencial en el mundo local” del Observatorio DESC y la PAH [3],

no podemos dejar de poner en evidencia que esta situación de emergencia en la vivienda tiene su máxima expresión en los desahucios por motivos económicos y en las situaciones de exclusión residencial que están afectando cada vez además a los vecinos y vecinas. El informe remite a los datos del Consejo General del Poder Judicial (2013-2015): se ordenaron ejecutar 9.876 desahucios en Barcelona. De estos, el 81% fueron por impagos de alquiler, tendencia que va en aumento. No sólo es que nos tenemos que marchar, sino que nos estamos quedando en la calle.

¿Es este, de verdad, un “ciclo favorable”?

Está claro que no es una situación que sólo afecta al Poble-sec. La proliferación de viviendas turísticas, la aparición de grandes inmobiliarias y de fondos de inversión que usan la vivienda como bien especulativo y la presión turística sobre el comercio afectan a otros muchos ámbitos de la ciudad. Lo que está pasando es que este modelo extractivo del territorio, una vez que la capacidad turística de Ciutat Vella ha sido casi agotada, se está extendiendo como una mancha de aceite a barrios cercanos como por ejemplo Sant Antoni o el Poble-sec.

Frente a esta situación, una veintena de entidades del barrio del Poble-sec nos reunimos el pasado 4 de marzo para acordar cinco medidas que creemos urgentes y necesarias para que esta situación se pueda revertir:

Limitación de los precios de alquiler, de forma que el importe destinado a la vivienda no supere el 30% de los ingresos disponibles.

Renovación automática de los contratos de alquiler, sin incrementos superiores a la variación interanual del IPC ni rescisiones arbitrarias del contrato.

Parada de los desahucios por razones económicas y búsqueda de alternativas de vivienda en el barrio en caso de que se ejecuten.

Reducción drástica de los alojamientos turísticos, con la limitación de nuevas aperturas de establecimientos turísticos y revisión de licencias.

La vivienda no puede ser un negocio, y por lo tanto se tienen que impulsar otros modelos como cooperativas de viviendas y otras formas de convivencia comunales.

Entendemos que poner fin a esta situación es una responsabilidad compartida entre la ciudadanía, los propietarios, los agentes inmobiliarios y las instituciones públicas. El derecho al beneficio económico nunca puede convertir la vivienda en objeto de especulación que genere grandes plusvalías a unos determinados grupos y provoque la expulsión y la pérdida de calidad de vida de la gran mayoría de población. Se ha hecho patente en varios informes que la vulneración del derecho a la vivienda tiene un impacto directo sobre la salud de las personas, que se manifiesta en ansiedad, depresión e insomnio, tanto en adultos como en niños y adolescentes. Las ya constantes vulneraciones de este derecho fundamental (que implican además la vulneración de los derechos de la infancia y la adolescencia [4]) se multiplicaron con el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis hipotecaria, y ahora se están intensificando con las subidas desorbitadas de los precios de los alquileres.

La vivienda, no nos cansaremos de repetir, es un derecho. Y como todos los derechos, se tiene que defender.

 

Más información:

[1] Informe sector inmobiliario febrero 2017

[2] El Punt avui: “Ciutat Vella té un 15% menys d’habitants que fa deu anys”

[3] “Exclusió residencial al món local: crisi hipotecària a Barcelona 2013-2016” Autors: Observatori DESC i PAH (2016)

[4] “Emergència habitacional a Catalunya. Impacte de la crisi hipotecària en el dret a la salut i els drets dels infants” Autors: Observatori DESC i PAH (2015)